En estos días, ha trascendido la noticia sobre la aprobación por parte del Consejo de Ministros del decreto que concede el uso de “tarjetas monedero” para beneficiar a familias vulnerabilizadas. Se trata de 100 millones de euros del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para la asistencia material básica a familias con hijos en situación de pobreza severa.
El modelo es relativamente nuevo y poco conocido. A+Familias lo ha utilizado con más de 2.400 familias desde 2020, con un fondo de más de 500.000 euros y un impacto en aproximadamente 8.000 personas en riesgo de dependencia.
Las “tarjetas monedero” o “vales canjeables” aprobadas consiste en la entrega de una tarjeta de débito que se recarga mensualmente con un beneficio de entre 130 y 220 euros, en base al número de miembros de la familia. Empezará en abril y se estima que beneficiará a 70 mil familias. Este fondo será administrado por una sola ONG (Cruz Roja) y los Servicios Sociales determinarán que familias podrán ser beneficiadas.
A+Familias utiliza el enfoque de Atención Integral y Centrada en la Persona (AICP) para atender las necesidades de las familias vulnerabilizadas. La “tarjeta monedero” es una herramienta que favorece la democratización de la ayuda y la dignificación, ya que mitiga las “colas de hambre” y las familias eligen los alimentos y artículos de higiene que se ajustan a su realidad. Es una forma concreta de cuidado con su situación particular como por ejemplo si uno de los miembros de la familia es celiaca y respetar su cultura, si no consume un alimento específico.
En el programa de A+Familias el beneficio de las tarjetas monedero oscila entre 80 y 240 euros. La estimación de la ayuda mensual se hace en base a una serie de criterios iluminados por los principios rectores de derechos humanos y según el diagnóstico de la familia. Cada familia podrá recibir el beneficio por un máximo de 12 meses, siempre y cuando esté alcanzando los objetivos del plan de acompañamiento y se evidencien esfuerzos por alcanzar la autonomía.
Hay dos críticas principales que se han hecho a la propuesta del Gobierno. La primera es que dar dinero en una tarjeta sin un plan de acompañamiento no garantiza que las familias adquieran autonomía y debe incluir la disminución de la brecha tecnológica. Y la segunda es que, dado que el programa es solo para familias vulnerables con hijos menores de edad, podrían quedar fuera personas migrantes, adultos mayores, personas con discapacidad y otros perfiles de personas vulnerabilizadas. Incluso, se teme la desaparición de bancos de alimentos, y otros medios de ayuda de ese tipo.
El programa que ha ejecutado A+Familias no tiene restricciones de perfil, salvo la geográfica (solo está en Madrid y Valencia). El 90% de las familias que apoyamos son migrantes, regulares y en proceso de regularización; también adultos mayores, parejas donde uno de los dos tiene una enfermedad terminal, familias monoparentales donde hay hijos entre 18-21 años que por su situación migratoria no han obtenido trabajo, y muchos otros perfiles diversos, en alto riesgo.
Además de este programa, A+Familias ha dado pasos para la creación de una plataforma tecnológica que facilite estos procesos diagnósticos y ha avanzado en la medición del impacto social, gracias a los otros programas que complementan el plan individualizado. Esperamos que en el futuro A+Familias cuente con la oportunidad de aportar su experiencia en propuestas como la que ha sido lanzada por el Gobierno y deseamos sea complementaria a las que ya se han desarrollado.
